Mensajes claves
Necesidades humanitarias persisten en la mayoría de las áreas afectadas y particularmente en áreas rurales y entre comunidades de alta vulnerabilidad.
Asistencia Humanitaria de forma inmediata y uniforme debe ser brindada en los lugares donde las personas están residiendo actualmente, sea su propio terreno, en un campamento organizado, unsitio espontáneo ó con una familia acogiente.
El terremoto ha intensificado las vulnerabilidades e inequidades pre-existentes.
Ayuda humanitaria será necesaria para reducir la brecha de cortoplazo mientras el Gobierno pone en marcha el proceso integral de recuperación.
Resumen
El 16 de abril un terremoto de magnitud 7,8 (escala Richter) azotó las costas del noroccidente ecuatoriano generando importantes daños y pérdidas de vida. El Gobierno rápidamente declaró “estado de excepción” de 60 días en seis provincias: Manabí, Esmeraldas, Santa Elena,
Guayas, Santo Domingo y Los Ríos. El daño más severo afectó a la provincia de Manabí, y en el cantón Muisne en la provincia colindante de Esmeraldas.
A un mes del terremoto, el impacto y las necesidades prioritarias de la población son más claras y los planes de respuesta más detallados. El Gobierno estima que 240,704 personas han sido directamente afectadas. Sin embargo, evaluaciones en terreno se mantienen en curso, especialmente en las zonas rurales y las cifras sobre personas afectadas continúa cambiando.
Necesidades humanitarias persisten en la mayoría de las áreas afectadas y particularmente en áreas rurales y entre comunidades de alta vulnerabilidad. El gobierno y la comunidad internacional lanzaron una respuesta masiva inmediatamente después del sismo. Las carreteras fueron despejadas, redes de comunicación reparadas y la mayoria de los servicios eléctricos fueron restaurados durante la primera semana. No obstante, se observan importantes necesidades no atendidas en entornos urbanos, y en mayor medida en áreas rurales y comunidades con servicios sociales limitados y niveles de vulnerabilidad más altos inclusive antes del terremoto, en particular mujeres, niños y niñas y minorías étnicas.
Alrededor de 73,000 personas siguen desplazados viviendo en albergues formales y campamentos, sitios espontáneos y con familias acogientes basado sobre las estimaciones oficiales de viviendas dañadas.
Una evaluación edificio por edificio conducida por el Gobierno está en curso, está focalizada inicialmente en áreas urbanas y después áreas rurales. Las últimas cifras, publicadas el 16 de mayo, identifican 10,506 edificaciones destruidas o sin acceso permitido en áreas urbanas de las provincias de Manabí y Esmeraldas y 8, 157 edificaciones en las áreas rurales de la provincia de Manabí. Algunas personas han comenzado a limpiar los escombros y a reparar edificaciones utilizando herramientas e insumos que tienen a la mano.
Alrededor de 29,000 personas se encuentran residiendo en más de 250 centros colectivos y sitios de desplazamiento al 16 de mayo. El tamaño del sitio va desde 8 a 1,000 personas viviendo en carpas, alojamientos de emergencia, escuelas, estadios y al aire libre. Además, una cantidad no reconocida de personas están viviendo en sitios espontáneos y con familias de acogida. Las condiciones en los sitios de desplazamiento varían significativamente, algunos sitios cuentan con acceso a letrinas y distribución de agua de manera regular mientras que, otros sitios disponen de una letrina por cada 50 personas hasta una letrina por cada 300 personas. Adicionalmente, las familias acogientes que han abierto sus hogares a personas damnificadas están agotando sus recursos y llegando a su límite.
Asistencia Humanitaria de forma inmediata y uniforme debe ser brindada en los lugares donde las personas están residiendo actualmente, sea su propio terreno, en un campamento organizado, un sitio espontáneo ó con una familia acogiente. El permitir que las personas permanezcan cerca a sus hogares, ayuda a mantener las estructuras comunitarias y el tejido social, esto promueve una recuperación más rápida de sus medios de vida y alivia las inseguridades sobre una potencial pérdida de propiedad. El establecimiento de campamentos es considerado como el último recurso para necesidades de alojamientos temporales. En caso de ser inevitable, la reubicación de asentamientos que se encuentran en áreas no seguras deberá llevarse a cabo con la debida consulta y participación de las comunidades afectadas.
Los daños a infraestructura limitan el acceso a servicios sociales básicos para cientos de miles de personas. 166 escuelas no son seguras, limitando el acceso a la educación de alrededor de 141,000 niños, niñas y adolescentes.
Además, 39 instalaciones de salud sufrieron daños, de las cuales 20 están inoperativas, dejando a 1,2 millones de personas con acceso limitado a servicios de salud. La rehabilitación de estas estructuras requerirá tiempo y, por eso, soluciones de corto y mediano plazo – como carros cisternas, espacios temporales de educación e instalaciones móviles de salud – son necesarias para asegurar los servicios mínimos.
Infraestructura dañada y condiciones insalubres en los sitios de desplazamiento aumentan los riesgos endémicos de salud. Enfermedades transmitidas por vectores como son el dengue y el zika y enfermedades transmitidas por agua estaban presentes en las áreas afectadas antes del terremoto. La falta de agua segura, condiciones sanitarias deficientes y el acceso restringido a servicios de salud son temas críticos que deberán ser abordados para evitar una nueva emergencia de salud, así como asegurar el acceso a atención crítica de salud, particularmente para quienes están en mayor riesgo como las mujeres embarazadas por ejemplo. La interrupción de los servicios de salud junto al incremento de la inseguridad alimentaria amenazan con incrementar los ya altos índices de desnutrición en las poblaciones más vulnerables en la zonas afectadas, impactando directamente en la nutrición de niños/as menores de cinco años de edad y las mujeres embarazadas y lactantes.
Miles de personas están en riesgo de caer en inseguridad alimentaria severa y desnutrición. Las condiciones de seguridad alimentaria y nutrición eran preocupaciones en la zona antes del terremoto y fueron exacerbadas por el fenómeno del niño. Las familias están expuestas a nuevas amenazas a su seguridad alimentaria debido a que deberan gastar dinero para reconstruir sus hogares, comprar muebles y elementos para su hogar, reconstruir sus medios de vida y esperar a que la infraestructura y servicios básicos puedan ser totalmente funcionales. Las familias están expuestas a nuevas amenazas para su seguridad alimentaria dado que tendrán que invertir dinero para reconstruir sus hogares, comprar muebles y artículos para la casa, restaurar sus medios de vida y esperar a que la infraestructura y servicios estén plenamente funcionales. La distribución de alimentos durante el primer mes podrá haber mitigado el impacto inmediato, sin embargo, es necesaria una asistencia sostenida a las personas con mayores riesgos para evitar que caigan en inseguridad alimentaria severa.
El terremoto ha intensificado las vulnerabilidades e inequidades pre-existentes. Los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) en las provincias afectadas estaban por encima del promedio nacional, algunos cantones por encima del 90% antes del terremoto, afectando en mayor medida a las mujeres, particularmente de las áreas rurales El acceso a servicios básicos – agua, educación, salud – ya era limitada. En la provincia de Manabí, por ejemplo, el sistema de agua pública alcanzaba solo el 52% de la población antes del sismo y ahora se ha reducido al 31%. Asistencia inmediata solamente puede ofrecer alivio temporal a las poblaciones afectadas, sin embargo otros esfuerzos deben ser atendidos para responder situaciones estructurales que permitan reducir vulnerabilidades e inequidades que fortalezcan la resilencia.
La situación de mujeres, niñas y niños es de particular preocupación. La violencia sexual y basada en género fue considerada crítica antes del terremoto con niveles de prevalencia hasta el 58% en algunos territorios y el 37% de niñas y niños entre 5-17 años han recibido un trato violento por parte de sus padres. Algunos factores contribuyentes a la violencia basada en género han sido exacerbados y la información cualitativa disponible indica un empeoramiento en la percepción de seguridad, dignidad y privacidad.
Mecanismos de protección y estrategias comunitarias deberán ser fortalecidas para mitigar el riesgo de abuso y una adecuada respuesta a la violencia.
El camino a la recuperación tiene escombros en su ruta.
Varias comunidades vulnerables que dependían de huertas familiares, pesca artesanal, comercio de pequeña escala y el turismo han sido seriamente afectados por el terremoto.
Para revitzalizar la recuperación económica y también mantener y fortalecer el tejido social se necesita una limpieza general y reparación rápida de la infraestructura comunitaria y la propiedad individual.
Ayuda humanitaria será necesaria para reducir la brecha de corto-plazo mientras el Gobierno pone en marcha el proceso integral de recuperación. El gobierno ha anunciado un plan integral de reconstrucción y reactivación económica que incluye subsidios de arriendo y asistencia en efectivo para reparación y reconstrucción de hogares, y también apoyo financiero a familias acogientes. El Registro Unico de Damnificados (RUD) será implementado en fases, iniciando con personas actualmente en centros colectivos formales, luego se extenderá a las zonas con mayor destrucción y finalmente a un registro abierto de forma voluntaria. Mientras tanto, las personas siguen requiriendo que se atiendan sus necesidades inmediatas.
Un financiamiento limitado podrá dificultar las operaciones humanitarias. La comunidad internacional hizo un llamamiento internacional el 20 de abril por casi US$73 millones para responder a las necesidades para salvar vidas, proteger a la población y para apoyar la resiliencia de alrededor de 350,000 personas. Los objetivos y planes sectoriales elaborados en el llamamiento siguen siendo válidos. Más allá de los $7.5 millones brindados por el Fondo Central de Respuesta a Emergencias, hasta la fecha las contribuciones financieras comprometidas por parte de los dontantes han sido limitadas, a la fecha se ha cubierto solamente el 15% al 16 de mayo.