MENSAJES CLAVES
La asistencia humanitaria y de recuperación se debe proveer a base de necesidades identificadas y de manera equitativa entre grupos poblacionales, en las provincias afectadas, entre zonas rurales y urbanas, así como dentro y fuera de albergues.
Urge redoblar esfuerzos para atender las necesidades de comunidades rurales y poblaciones vulnerables desde antes del terremoto.
Se requiere una estrategia oficial para responder a las necesidades básicas de la gente en refugios espontáneos y al mismo tiempo, sostener la asistencia dentro de los albergues.
Es esencial y urgente la reactivación de medios de vida para empoderar a las personas afectadas y fortalecer su resiliencia.
Las personas afectadas necesitan tener información completa y comunicación de doble vía sobre los programas estatales y las opciones que tienen para tomar control sobre su vida en el proceso de retorno a la normalidad.
Las réplicas constantes resultan en más daños estructurales y trauma psicológico e implican una re-evaluación continua de la estrategia de respuesta y recuperación.
Los programas de reconstrucción deben integrar principios de construcción segura y reducción de riesgo.
La coordinación entre actores de respuesta y recuperación – tanto nacionales como internacionales – es crítica para una respuesta eficaz. Se requieren protocolos consensuados sobre competencias y canales de coordinación y comunicación.
DATOS CLAVES
7.8 magnitud terremoto de 16 abril 40 réplicas mayores de 5 grados de magnitud (IGE, 22 julio)
231.120 personas registradas como damnificadas (RUD, 8 julio)
8.679 personas en 26 albergues (MICS, 25 julio)
11.146 personas residiendo en 127 sitios informales (DTM3, 25-29 julio)
35.198 edificaciones evaluadas como inseguras o de uso limitado (MIDUVI, 15 julio)
21.823 puestos de empleo formales e informales perdidos (PDNA, 2016)
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Cumplidos tres meses desde que el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter afectara la costa norte de la República del Ecuador, el Gobierno Nacional con el apoyo de la comunidad internacional y de la ciudadanía ecuatoriana ha logrado responder de manera oportuna a gran parte de las necesidades más urgentes de la población afectada. Aún así, hay mucho que hacer para retornar a la normalidad y encontrar soluciones duraderas tanto en el ámbito humanitario como en la recuperación y reconstrucción. La continuación de la asistencia será necesaria para atender las necesidades en zonas rurales y refugios espontáneos así como para mantener las condiciones mínimas logradas en las zonas urbanas y albergues.
El sismo ha generado más de 2.256 réplicas hasta el 21 de julio, de las cuales 40 han sido mayores a los 5 grados de magnitud. Esto ha implicado: 1) evaluación permanente de la situación, 2) actualización de protocolos y rutas de emergencia, y 3) redefinición de estrategias para afrontar retos en temas de: infraestructura, apoyo psicosocial e incremento de la demanda de alojamiento temporal, entre otros. El primer Estado de Excepción fue por un periodo de 90 días. Tras las réplicas del 10 de julio, se extendió un nuevo Estado de Excepción para las provincias de Manabí y Esmeraldas por un período de 60 días más, con vigencia hasta el 15 de septiembre.
Más de 230.000 personas han sido reconocidas como “damnificadas” por el Estado. A fin de organizar la distribución de la ayuda brindada por el Estado se creó el Registro Único de Damnificados (RUD) que identifica a las familias afectadas por el terremoto. De esta manera se otorga el acceso a los beneficios de los programas estatales. El Estado ha determinado que “damnificado” es: “la persona que sufrió la pérdida de un familiar que era el sostén económico de su hogar; o aquellos que sufrieron pérdida o afectación parcial o total de su vivienda o medio de subsistencia a causa del terremoto”. Es importante destacar que más de 1 millón de personas fueron afectadas de manera directa o indirecta por el sismo.
El proceso de registro para el RUD concluyó el 30 de junio, y de manera excepcional aún se continúan registrando personas. Sin embargo, existen preocupaciones de un subregistro considerable en el sector rural. Hasta el 8 de julio, alrededor de 68.000 familias han sido registradas y habilitadas en el sistema y otras 15.000 familias se encuentran en proceso de validación.
Alrededor de 8.700 personas desplazadas habitan en 26 albergues gestionados por el Estado, según el Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS). No existe información concreta sobre el tiempo durante el cual estarán en operación. Sin embargo, se estima que algunos albergues serán necesarios por un período de hasta seis meses o más. Desde los diferentes sectores, se han planteado algunas preocupaciones en las reuniones del Comité de Gestión de Albergues vinculados con temas de: protección, desarrollo de actividades específicas para niños, niñas y adolescentes; disponibilidad y disposición de letrinas para reducir riesgos de violencia; y la no provisión de alimentación especial para bebés y madres lactantes, entre otros. Será crítico mantener y mejorar los servicios en los albergues y al mismo tiempo fortalecer las capacidades locales para asegurar su adecuada gestión y mantenimiento, así como también promover la participación comunitaria en la toma de decisiones inclusivas.